Antecedentes penales para contratar: iniciativa de reforma laboral en México

Una iniciativa en el Senado propone reformas a la Ley Federal del Trabajo, Ley Nacional de Ejecución Penal y Ley del Seguro Social para eliminar barreras de contratación respecto de personas que egresan de prisión, garantizando su acceso al empleo formal y a la seguridad social, así como prohibir que se soliciten constancias de antecedentes penales para contratar personal.

La propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del Senado el 13 de octubre de 2026 y busca fortalecer la reinserción social y laboral de las personas que han cumplido una condena.

Esta iniciativa es relevante para patrones y empresas en México y CDMX, ya que plantea modificaciones a los requisitos que pueden solicitarse durante los procesos de contratación y permanencia en el empleo.

Puede consultarse información sobre la iniciativa en el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación.

¿Se podrá solicitar la constancia de antecedentes penales para contratar personal?

La reforma a la Ley Federal del Trabajo propone adicionar otra fracción al artículo 133 que prohíba a los empleadores pedir la constancia de antecedentes penales como requisito para la contratación o permanencia en el empleo.

Este requisito se permitiría únicamente en los casos expresamente establecidos por la ley, relacionados con:

• El servicio público.
• Las instituciones de seguridad pública o privada.
• Las instituciones de procuración e impartición de justicia.
• Las actividades de cuidado de niñas, niños y adolescentes.
• Las actividades de cuidado de personas mayores o con discapacidad.

La constancia en dichos casos incluiría únicamente sentencias por delitos relacionados directamente con las funciones del puesto, pero para cualquier otro empleo o actividad no se podría exigir el documento como requisito para un trabajo, obtener una vivienda, estudiar o recibir servicios.

Por lo tanto, de aprobarse la iniciativa, la solicitud de antecedentes penales para contratar quedaría limitada a los supuestos expresamente previstos en la legislación.

Cancelación de antecedentes penales después de cumplir una condena

La iniciativa prevé que, una vez cumplida la condena, el registro de antecedentes penales de la persona sentenciada se cancele.

En el caso de delitos graves, la cancelación se realizaría cuando haya transcurrido la mitad del tiempo de la pena impuesta, con un límite de 10 años, siempre y cuando durante ese periodo no reciba una nueva sentencia condenatoria.

El trámite sería gratuito y se realizaría de manera automática por orden del Juez de Ejecución. La autoridad encargada del registro tendría un plazo máximo de 30 días hábiles para hacer la cancelación o la persona podría solicitarla directamente ante el juez.

Con esta modificación se busca reducir las barreras que enfrentan las personas que han cumplido una condena para acceder nuevamente al empleo formal.

Seguridad social e incorporación al IMSS de personas privadas de la libertad

La reforma a la Ley del Seguro Social respecto de las personas privadas de la libertad que realicen trabajos remunerados para terceros propone garantizar su alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual les permitiría contar con seguros por riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como acceder a prestaciones para el retiro y la vejez.

De aprobarse esta modificación, las personas que realicen actividades productivas remuneradas para terceros dentro de los centros penitenciarios serían sujetos de aseguramiento en los términos establecidos por la legislación y las reglas correspondientes del IMSS.

Salario mínimo y trabajo remunerado en prisión

La propuesta de adición del artículo 91 Bis de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que las personas que realicen trabajos remunerados durante su estancia en prisión deberán recibir un pago de al menos el salario mínimo, de acuerdo con las horas trabajadas.

Además, cuando el trabajo sea para una empresa o un tercero, este será considerado su patrón para efectos de la seguridad social.

Esta disposición buscaría establecer condiciones mínimas de remuneración y aseguramiento para las actividades productivas realizadas durante el internamiento.

¿Cómo se distribuiría el pago por el trabajo realizado en prisión?

En cuanto al pago por el trabajo realizado por las personas en prisión, se prevé que el dinero se distribuya de la siguiente manera:

• 30% a un fondo de ahorro que la persona recibiría al salir de prisión.
• 30% para apoyar a sus dependientes económicos.
• 30% al pago de la reparación del daño, si existiera una deuda pendiente.
• 10% restante para sus gastos personales.

Esta distribución forma parte de las medidas propuestas para fortalecer la reinserción social y facilitar que las personas cuenten con recursos económicos al recuperar su libertad.

¿Qué implicaría la reforma sobre antecedentes penales para las empresas?

En caso de aprobarse, la iniciativa podría requerir que las empresas revisen sus políticas de contratación, especialmente aquellas relacionadas con la solicitud de constancias de antecedentes penales como requisito de ingreso o permanencia en el empleo.

Entre los aspectos que las personas empleadoras deberán considerar se encuentran:

• Revisar los documentos solicitados durante los procesos de reclutamiento y selección.
• Identificar los puestos para los cuales una disposición legal permita exigir la constancia de antecedentes penales.
• Actualizar las políticas internas de contratación cuando corresponda.
• Revisar las prácticas relacionadas con la permanencia en el empleo.
• Verificar las posibles obligaciones de seguridad social cuando exista contratación de personas que realicen actividades productivas remuneradas en centros penitenciarios.

Estas medidas deberán analizarse conforme al texto definitivo que, en su caso, sea aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación.

¿Ya está vigente la reforma sobre antecedentes penales para contratación?

No. La propuesta se encuentra en proceso legislativo, por lo que las modificaciones planteadas a la Ley Federal del Trabajo, Ley Nacional de Ejecución Penal y Ley del Seguro Social aún no constituyen nuevas obligaciones vigentes derivadas de esta iniciativa.

Su aplicación dependerá de la aprobación del proceso legislativo correspondiente y, en su caso, de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del Senado el 13 de octubre de 2026 y deberá continuar con las etapas legislativas correspondientes antes de que sus disposiciones puedan entrar en vigor.

Por ello, es importante distinguir entre las obligaciones actualmente previstas en la legislación laboral y las modificaciones propuestas mediante esta iniciativa.

Preguntas frecuentes sobre antecedentes penales para contratar en México

¿Es obligatorio presentar antecedentes penales para conseguir trabajo en México?

No existe una obligación general para todas las personas solicitantes de empleo de presentar una constancia de antecedentes penales. La legislación contempla supuestos específicos en los que puede requerirse este documento. La iniciativa busca restringir expresamente su exigencia como condición de contratación o permanencia en el empleo.

¿Las empresas podrán pedir la carta de antecedentes penales?

La iniciativa propone prohibir su solicitud como requisito general para la contratación o permanencia en el empleo, salvo cuando una ley lo establezca expresamente para determinadas actividades o puestos.

¿Qué establece la iniciativa sobre el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo?

Propone adicionar una fracción al artículo 133 para prohibir que los patrones o sus representantes exijan constancias de antecedentes penales como requisito para contratar o mantener a una persona en el empleo, con las excepciones legales correspondientes.

¿Se podrán cancelar los antecedentes penales después de cumplir una condena?

La iniciativa contempla la cancelación de los registros una vez cumplida la condena. Para delitos graves establece condiciones específicas, como el transcurso de un plazo equivalente a la mitad de la pena impuesta, sin exceder de 10 años, y la ausencia de una nueva sentencia condenatoria durante dicho periodo.

¿Las personas privadas de la libertad podrán estar aseguradas ante el IMSS?

La propuesta contempla la incorporación al régimen obligatorio del IMSS de las personas privadas de la libertad que realicen actividades productivas remuneradas para terceros, en los seguros correspondientes.

¿Cuánto se propone pagar por el trabajo remunerado en prisión?

La iniciativa establece una remuneración no inferior al salario mínimo general vigente, en proporción a las horas efectivamente trabajadas.

¿La reforma sobre antecedentes penales ya está aprobada?

No. La iniciativa presentada en el Senado todavía debe continuar su proceso legislativo. Las modificaciones propuestas no constituyen nuevas obligaciones vigentes hasta que se aprueben y publiquen conforme al procedimiento correspondiente.

¿Esta iniciativa aplicaría a empresas en CDMX?

Sí. En caso de aprobarse, las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y a las demás leyes federales correspondientes serían aplicables en México, incluida la Ciudad de México, conforme a su ámbito de aplicación.

Asesoría laboral para empresas sobre contratación y obligaciones patronales

La iniciativa sobre antecedentes penales para contratar plantea posibles modificaciones a las obligaciones de las empresas en materia de contratación, permanencia en el empleo y seguridad social.

Para cualquier duda sobre el particular, la revisión de políticas de contratación o el cumplimiento de obligaciones laborales y patronales, quedamos a su disposición en TREJO RODRIGUEZ ABOGADOS.

Fernando Trejo Rodríguez
ftrejo@trabogados.com

M. Fernando Trejo Huerta
fth@trabogados.com